0.3.2 Sectores de la cultura

Por Luis Miguel Arroyo Yanes

La expresión “sectores culturales” o “sectores de la cultura” nos traslada de inmediato a un capítulo del llamado sector servicios, objeto de estudio de la economía general y sobre el cual los Estados despliegan títulos de intervención y políticas públicas, al igual que sucede con otras actividades propias del sector terciario. Significa ello que cuando hablamos de los sectores culturales (que, a su vez, como veremos seguidamente, pueden dividirse internamente en subsectores) estamos haciendo referencia a varias cosas a la vez: a la actividad propiamente dicha y a los sujetos que las desarrollan (las llamadas empresas e industrias culturales) o que las disfrutan (los consumidores, sea individualmente o en forma de público), a los actores públicos que intervienen sobre las mismas (administraciones, legisladores, entes públicos diversos, etc.) y a la problemática que suscita cada uno de los mercados específicos sobre los que se asientan las actividades culturales que se desarrollan y los bienes culturales que se encuentran afectados.

Como vemos, no puede disociarse la expresión sector cultural de términos tales como bienes culturales, mercados de la cultura, industrias y empresas culturales, sectores administrativos culturales, etc. Por ello, hemos de entender que, a pesar de tener un origen nítidamente económico, al hablar de sectores culturales estamos refiriéndonos a una realidad mucho más compleja, que supera la mera lectura económica al incorporarse a ella aspectos politológicos, sociológicos, jurídico-administrativos o internacionales (por recordar sólo algunos de los más explícitos). Sectores, por lo tanto, que por referirse a una realidad que, como la cultura, es objeto de estudio de múltiples disciplinas, trasciende el compartimento cerrado del mundo económico para, sin salir de él –pues la variable económica es aquí determinante–, encontrar apoyos en disciplinas que le son conexas y que pueden contribuir a explicar los análisis, posibilitando una mayor profundización sobre su conocimiento.

Actualmente, la aportación de la cultura —entendida en sentido amplio, como actividades culturales puras o vinculadas a la propiedad intelectual— al Producto Interior de la economía española es muy significativa. Según los resultados de la cuenta satélite de la cultura en España, la aportación del sector cultural al Producto Interior Bruto español, según el Anuario de Estadísticas Culturales para 2021, se cifró en el 2,4%, situándose en el 3,4% si se considera el conjunto de las actividades económicas vinculadas con la propiedad intelectual (desglosaremos el peso específico de los distintos sectores culturales dentro de ese conjunto conforme vayamos tratando cada uno de ellos). A la vista de ello puede afirmarse el relevante alcance tanto de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual como de las actividades culturales dentro de la economía española. Sin embargo, ese nivel de importancia, mantenido en el tiempo, no se ve acompañado de una verdadera política de Estado que ponga en valor el sector, estratégico por el peso que tiene por sí sólo y por las conexiones que cabe establecer con otros con los que guarda relación, como la educación o el turismo, por poner algún ejemplo.

Los sectores de la cultura que, en realidad, son subsectores del sector cultura (y que, a su vez, es un subsector, como hemos apuntado, del sector económico servicios), tienen una problemática propia en función del origen e historia de los mismos, el tipo de bienes culturales afectados, la penetración del mercado privado en torno a ellos, el grado de intervención administrativa que se produce sobre los mismos, el nivel de tecnificación que se encuentra presente en su formulación, etc. Ello lleva a que el aislamiento de cada uno de ellos y su sistematización pueda efectuarse desde distintos planteamientos, dando como resultado una enumeración que puede presentar diferencias en función de cuál sea el punto de partida e incluso del momento en el que el mismo se realice.

Si en sus inicios encontramos manifestaciones sectoriales centradas en el mundo de los archivos, las bibliotecas, los museos y los monumentos, con un papel señero de las Bellas artes y a su protección por parte de los actores públicos, la incorporación de nuevos elementos focalizadores, ya iniciado el siglo XX, como el cine, los soportes musicales, las ediciones de masas, etc., así como, ya en décadas más cercanas, la eclosión de las industrias culturales vinculadas al audiovisual y, más tarde a la alta electrónica y a los elementos digitales y multimedia, han incorporado una enorme diversidad a esta materia, hasta el punto de que, incluso, pueden existir problemas a la hora de agruparlos.

Siguiendo un enfoque más o menos estandarizado, los sectores culturales en España suelen dividirse usualmente en artes escénicas, artes plásticas, libros y prensa, audiovisual y multimedia, el patrimonio y los archivos y bibliotecas, así como la música y la industria fonográfica. En suma, un enfoque tradicional enriquecido por los últimos aportes fruto de los avances técnicos, que desconoce posibilidades transversales como la actividad creadora, o de diferenciación independiente tan acusadas como el diseño o los juegos (si nos atenemos, por ejemplo, a la división que emplea el Convenio internacional Andrés Bello, del que si hemos tomado su sectorización independiente de la música), o a otras opciones de sistematización más cercanas a la cambiante realidad técnica.

Las artes escénicas

En cuanto que sector económico cultural, el de las llamadas artes escénicas se encuentra polarizado por el teatro y la danza, así como por otras disciplinas afines tales como la ópera, el circo, los títeres y otras similares que puedan ser expresadas en un escenario. A todas ellas han de sumarse los festivales, los circuitos y los eventos que tienen a alguna arte escénica como eje de celebración. Integran un 10,2% del conjunto de las actividades culturales para 2019.

Su característica principal es que son productos que se consumen en directo y de modo inmediato, en salas o instalaciones pensadas para su difusión, y que están destinadas a un público que se encuentra presente al celebrarse los espectáculos.

Tradicionalmente, las artes escénicas han contado para su pervivencia con el favor del poder público, especialmente en lo que se refiere a las grandes representaciones, por lo que, en parte por este trasfondo y por el coste de los espectáculos, se mantiene aún hoy una enorme dependencia del sector respecto de las subvenciones y ayudas públicas, así como de otras vías indirectas de apoyo (promociones y circuitos públicos, celebración en teatros pertenecientes a las redes públicas, etc.) que contribuyen a sostenerlo como sector cultural competitivo.

Se trata, por lo tanto, de un sector donde la iniciativa privada y la propia actividad laboral de cuantos participan en las compañías actuantes presentan unos rasgos singulares. La primera, por cuanto que, dependiendo de la fórmula de funcionamiento acorde con el espectáculo o actuación a celebrar, puede pasarse de la mera autoproducción a producciones mundiales en las que se ven implicados todo género de profesionales y técnicos (estén o no involucradas instituciones y entidades públicas). En cuanto a las compañías, verdaderas almas de muchas de las expresiones escénicas que el público disfruta, su particularidad deriva de que las mismas pueden intercambiar a los actores y técnicos en función de las obras y espectáculos a representar, por lo que es frecuente que ellos puedan participar en varios proyectos al propio tiempo, lo que, unido a sus fórmulas tradicionales de percepción salarial (cantidad por representación, por temporada, etc.), hace que este sector sea bastante particular y no pueda tomarse como ejemplificador del sector cultura en su conjunto.

Asimismo, hablamos de un sector que cuenta con un gran número y diversidad de sujetos intervinientes, tanto físicos (por referirnos sólo al teatro y sin agotar el listado: productores y empresas teatrales, directores de escena, creadores escénicos, dramaturgos, intérpretes, tramoyistas y demás técnicos, etc.) como jurídicos (entidades de artes escénicas, centros dramáticos), sean éstos públicos o privados (sociedades mercantiles teatrales, edificios e instalaciones dedicados a estas actividades, etc.).

El sector carece actualmente de marco jurídico general en España, pues no existe legislación básica sobre él. Por ello, sólo está regulado como tal en aquellas Comunidades Autónomas que, de modo ciertamente minoritario, han considerado necesario establecer unos parámetros de ordenación para este conjunto de actividades.

Las artes plásticas y visuales

Las artes plásticas han sido entendidas tradicionalmente como las que estaban vinculadas a la pintura, la escultura, el grabado y a otras actividades artísticas propias de las Bellas Artes. Hoy, al haber ganado en amplitud y complejidad, ha emergido un concepto nuevo, el de artes visuales, que incorpora aportes más recientes a las artes asociadas a este sector, como la fotografía, el arte digital, la propia arquitectura moderna, etc., u otras que están surgiendo, como la perfomance o las videoinstalaciones. Todas estas actividades integran un 20,6% del conjunto de las actividades culturales para 2019.

El sector, bajo esta doble denominación, está dominado por la idea de actividad artística tradicional, fundamentada en el trabajo manual y por las nuevas disciplinas en las que la imagen y la interactividad cobran una relevancia creciente. A estos efectos, a los artistas propiamente dichos hemos de sumar los órganos que favorecen su producción y creación y se encargan de su difusión, sean galerías de arte, salas de exposiciones, museos y otros espacios para la generación, radicación y comercialización de estas expresiones artísticas, sus productos y los servicios que puedan tomarlos como objeto.

Al igual que decíamos al hablar de las artes escénicas, el papel de las distintas instituciones del Estado, especialmente de las administraciones competentes en materia de cultura, adquiere aquí una gran importancia, ya que este sector ha sido un ámbito muy propicio a las ayudas públicas, vía subvenciones, becas (de estancia, de perfeccionamiento, etc.), apoyos específicos al sector privado, certámenes, premios, etc., de tal modo que se ha producido una interdependencia entre la actividad protectora del Estado y los artistas y los mediadores de los productos y servicios generados a partir del trabajo de todos ellos.

Se trata de un subsector muy dinámico que presenta aún aspectos por definir y que no está tan estructurado como otros que integran el sector de la cultura. Ello se explica, en parte, por la aparición de nuevas expresiones artísticas que se incluyen en él, pero también a que los productos y contenidos suelen estar dirigidos, salvo excepciones, a un público selecto y minoritario, además de al alto coste de los mismos, muy dependiente —por tanto— del dimensionamiento del mercado, de tamaño habitualmente pequeño o, a lo más, mediano, lo que condiciona su propia existencia.

Desde la perspectiva de la producción, los profesionales del sector son mayoritariamente artistas visuales que tienen en la pintura, el grabado, la ilustración, la fotografía o demás artes mediales su fuente de creación. Los mismos se encuentran ante un momento de cambio debido a que el propio concepto de proyecto se ha abierto enormemente hacia otro tipo de exigencias más globales, técnicas y de equipos integrados, lo que unido, a una mayor consideración económica de la obra artística, ha contribuido a transformar la actividad de los artistas y su rol dentro de la sociedad.

A los creadores hemos de sumar otros profesionales que hacen posible el acceso al mercado de productos y servicios derivados de la actividad artística primaria, sin lo que la misma no se pondría adecuadamente en valor. A estos efectos, conviene recordar que se trabaja con un producto cultural único o de producción muy limitada (como sucede con un grabado o una serigrafía), y es en esa originalidad donde radica el hecho de que las transacciones de este particular mercado vinculado, el coleccionismo (incluso de una sola obra), tenga un peso que no tiene en otros sectores culturales más industrializados y que, debido a ello, se dependa de un conocimiento del mercado y de sus fluctuaciones que se encuentra sólo al alcance de una minoría.

Se trata, por último, de un sector muy poco regulado en España, pues, si excluimos algunos aspectos concretos como, por ejemplo, la fiscalidad o el mecenazgo (en ciertas condiciones), se carece de un marco jurídico general, e incluso parcial, lo que contribuye a que sus sujetos activos deban moverse vía actuaciones concretas o siguiendo los estímulos administrativos, fruto de planes o programas puntuales, para hacer posible que se produzcan flujos de mercado que generen transacciones económicas en el sector.

El audiovisual y el multimedia

Las industrias audiovisuales e industrias multimedia integran un sector que se encuentra en alza desde hace ya tiempo, favorecido por la aparición de muy diversos contenidos digitales y la transformación que conlleva. Junto con el sector del libro y la prensa, concentra la principal producción de las industrias culturales en su conjunto, lo que explicita, mejor que ningún otro dato, el enorme peso que este sector tiene verdaderamente. Integran un 28,5% del conjunto de las actividades culturales para 2019.

Dentro de la industria audiovisual encontramos un ámbito de actividad económica muy diversificada y rico, que podemos subdividir en la producción audiovisual, su distribución, la exhibición cinematográfica en sala, los videoclubes, la televisión pública, la TDT y la radio (pública y privada). Cada uno de estos ámbitos presenta una problemática específica y, tomados como un todo, lideran la atribución de ayudas y subvenciones que directa o indirectamente se prestan al sector cultural. Conviene recordar asimismo que los integrantes de la sociedad española consumen televisión un elevado número de horas semanales y, en menor medida, escuchan la radio, lo que los convierte en potentes instrumentos para la transmisión y difusión de los contenidos culturales y de entretenimiento, convirtiéndose en un elemento de primer nivel para alcanzar esos fines, particularmente en un país en el que las familias suelen dedicar poco tiempo (y dinero) a las actividades culturales propiamente dichas.

El Informe de la Fundación Ideas para 2012 daba cuenta del momento en el que se encontraba este ámbito de actividad entonces: “Se ha convertido en las últimas décadas en un sector estratégico, clave para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Su contribución al PIB en 2009 se situó cercana al 1,3% y el empleo en el sector tuvo una aportación cercana al 1% del empleo total. Los medios y contenidos audiovisuales se encuentran desde hace más de una década en plena transición digital, tanto en sus procesos de conceptualización y modos de producción, como en la distribución y reproducción, debido a la extensión del acceso a las redes de banda ancha y al desarrollo TIC relacionado. La industria audiovisual española, formada por el sector de la televisión y radio, los videojuegos, la música y el cine y el video, alcanzó una facturación estimada en 2010 de 5.806 millones de euros, habiéndose registrado un descenso de la facturación respecto al año anterior del 5%, pero con perspectivas de que los sectores tractores tradicionales, como los videojuegos, comiencen a crecer tanto o más que las pérdidas de otros sectores que sufren la adaptación a lo digital”. Como añadido a lo dicho, cabe destacar que el sector de la TV y la radio concentran el 73% de la facturación de toda la industria, y que en 2010 facturó 4.219 millones de euros.

Por su parte, el sector del multimedia y del videojuego (este último puede también incluirse en el sector audiovisual como hemos visto) nos adentra en un ámbito dominado por productos que sirven de apoyo a la cultura escrita y del entretenimiento integrando soportes que se encuentran en abierto retroceso, como el CD-ROM/CD-I, el casete, los disquetes, el video, con otros aún vigentes como el DVD, los vinilos, el blu-ray, etc., y con software (como, por ejemplo, el videojuego para PC o para consolas) o de hardware propiamente dicho (como consolas y nuevos dispositivos móviles) que posibilitan la interacción y el disfrute de los consumidores culturales.

El patrimonio cultural

Cuando hablamos del patrimonio cultural como sector, hemos de tener presente que, en realidad, estamos refiriéndonos a un macrosector, pues, entendido en sentido amplio, el patrimonial, a partir de la idea base de bien cultural y de legado a transmitir a las generaciones futuras engloba una vastísima realidad que incluye los inmuebles y objetos muebles de interés artístico e histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico y antropológico, científico o técnico, además del patrimonio documental y bibliográfico. A ello cabe sumar, por una evolución conceptual producida en las últimas décadas, las actividades y el patrimonio de la cultura popular y tradicional, que integran elementos tangibles e intangibles que suelen caracterizar el modo de vida y las pautas culturales de las distintas colectividades, así como la producción cultural contemporánea. Asimismo, y por derivación de la idea que preside todo este conjunto, el paisaje ha pasado a considerarse también expresión patrimonial; de hecho, hay países en los que desde hace muchos años ambos conceptos y sus respectivas legislaciones aparecen estrechamente vinculados. E incluso, por contraste, para algunos estudiosos el patrimonio natural puede considerarse también en cierta medida participe de la idea de cultura, por lo que debería figurar igualmente junto a las realidades incluibles que hemos consignado. Integra un 8,1%, contabilizando también los archivos y bibliotecas, del conjunto de las actividades culturales para 2019.

España es el segundo país (después de Italia y por delante de Francia) por el número de bienes culturales registrados en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO (portal.unesco.org). Según los datos que figuran en el Anuario de Estadísticas Culturales, en el año 2020 existían en España inscritos 17.981 como bienes de interés cultural inmueble y 23.342 como muebles.

Aunque, lógicamente, estamos haciendo referencia a un sector en el confluye la iniciativa pública y la privada, la importancia del patrimonio cultural es tal que el papel del Estado, a través de los poderes públicos, principalmente las administraciones públicas, es determinante al dedicarse anualmente cuantiosas sumas a su conservación y defensa, difusión y fomento, por los valores que tiene para la colectividad y por cuanto constituye un recurso fundamentalísimo para el denominado turismo cultural, que lo toma como presupuesto de su existencia misma. De hecho, se sostiene –con gran parte de razón– que es la funcionalidad turística del patrimonio la que permite materializar los retornos de las inversiones realizadas en conservación. A estos efectos, puede señalarse que los avances en la protección, conservación y explotación de los bienes culturales, ha sido muy notable desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y, aunque queda mucho camino por recorrer, se han sentado las bases de unas políticas para la protección de las que se carecía con anterioridad a esa fecha. En este sentido, cabe destacar que la propia vertebración del Estado autonómico ha redundado muy positivamente a este sector de actividad al insuflarle nuevas energías, vivificándolo y replanteando la protección tal y como venía siendo considerada hasta entonces.

De lo dicho se desprende que el sector mantiene, en cuanto a su actividad, una enorme dependencia de los fondos públicos, siendo muy pobres todavía los que llegan de manos privadas, y aunque hay experiencias concretas de intervenciones público-privadas, estas constituyen la excepción a la regla general. En este sentido, las empresas que trabajan en el sector son medianas y pequeñas y cuentan con un alto grado de especialización, fruto de su adaptación a las demandas de la protección patrimonial y a los espacios que dejan sin cubrir o que son externalizados por las administraciones públicas competentes.

El elenco de profesionales que trabajan en este sector está marcado por la diversidad funcional de las actividades que se incluyen en el mismo. Estas pueden ir desde la custodia o gestión de un sitio o edificio histórico, de un jardín protegido, actividades museísticas dependientes, restauración y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles, bajo la forma de patrimonio arqueológico o etnológico, etc. En consecuencia, la nómina a considerar de los mismos es muy amplia, variada y con vínculos jurídicos muy diversos. Los profesionales que desarrollan esas actividades son también muy variados: arquitectos, restauradores, jardineros, arqueólogos, etc., ya sea como empleados públicos integrados en el aparato burocrático de las administraciones competentes, ya sea como trabajadores de las empresas privadas actuantes o en calidad de autónomos, cuando lo hacen individualmente. Por consiguiente, el estatus jurídico de estas personas es muy diferente (funcionarios, personal laboral, directivos, etc.) y su profesión y grado de especialización estará acorde con la problemática de la realidad sobre la que actúan.

En cuanto a la normativa aplicable, puede afirmarse que esta es muy profusa y detallada, existiendo grupos normativos muy diversos polarizados por las leyes de protección del patrimonio histórico y cultural de las Comunidades Autónomas, que fijan el marco jurídico aplicable a partir de la legislación básica recogida en la Ley del Patrimonio Histórico español de 1985. La estructura de estos textos legales, que recogen los estándares públicos en esta materia, suele ser, salvo excepciones, muy similar.

Los archivos y las bibliotecas

Pocos de los sectores culturales que hemos ido relacionando han tenido tanta conexión con las actividades públicas del Estado como los que hacen referencia a los archivos y bibliotecas y al patrimonio documental, hasta el punto de que casi de forma natural —aunque no debería ser así, pues también se encuentran en manos privadas— se suele pensar que siempre se está hablando de archivos y bibliotecas públicas. Hacemos referencia, por lo tanto, a un sector de actividad que se encuentra muy publificado, en el que impera como regla general la gratuidad del servicio y en el que los sujetos privados desarrollan un papel limitado debido al amplio papel jugado por los poderes públicos al desplegar su acción cultural en este terreno.

Esta particularidad del sector obedece a que, tanto en el caso de los archivos como —por motivos muy diferentes— en el de las bibliotecas, las administraciones han debido hacer frente a la conservación de sus archivos documentales y a gestionar los depósitos de libros que sirven para que los ciudadanos puedan acceder a la cultura por vía de la lectura y hoy, además, en otros soportes gracias a las mediatecas. Como ejemplo de ello podemos mencionar los Archivos Históricos y los Archivos Administrativos existentes en nuestro país (Archivo General de Simancas, Archivo de Indias, Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, etc.) o las bibliotecas locales que, siguiendo el modelo instaurado en otros países (el ejemplo del sistema bibliotecario inglés es obligado), vienen prestando servicio desde hace muchos años.

Cada uno de estos subsectores ha de ser examinado por separado, no sólo por una cuestión funcional o finalística y de soporte, sino también por depender de disciplinas que, como la Archivística y la Biblioteconomía, a pesar de sus posibles conexiones dogmáticas, tienen una gran autonomía entre sí y planteamientos propios originales.

Por lo que respecta a los archivos, su finalidad última es la de garantizar la preservación de la documentación tanto pública como privada para ponerla al servicio de los intereses públicos generales, lo que obliga a integrar tanto los documentos de titularidad pública como los de titularidad privada dentro de un sistema, de tal manera que exista un tratamiento común que los salvaguarde y viabilice el acceso de los investigadores y del ciudadano —en general— a su conocimiento, primando su preservación y difusión. Para conseguir estos objetivos, contamos con numerosos grupos normativos promulgados por los poderes públicos en los que se aclaran los principales conceptos operativos (sistema de gestión documental, documentación activa o histórica, serie documental, colección y fondo documental, evaluación y selección de documentos, documento, inventario, expurgo, etc.) y se asientan las bases estructurales de este ámbito de actuación, fijando las autoridades de control y el régimen de acceso, además de las infracciones y sanciones administrativas a la vulneración de sus determinaciones.

Los profesionales de este ámbito de actividad son los vinculados a la archivística y al documentalismo que, en el caso de los dependientes del Estado como empleados públicos, están estructurados como cuerpos especiales de funcionarios públicos desde el siglo XIX (cuerpo facultativo de archiveros). Los nuevos soportes han obligado a integrar en este sector nuevos profesionales, como informáticos y otros técnicos.

Por lo que respecta a las bibliotecas, su finalidad última se encuentra en la puesta a disposición de los ciudadanos de un catálogo de bienes muebles de titularidad pública (al haberse adquirido con fondos públicos para este fin o por donaciones de particulares o de entidades públicas) como libros, discos y películas en diversos formatos, etc., que se tienen en depósito en unos establecimientos especializados a los que aquellos pueden acceder y que, habitualmente, pueden ser objeto de préstamo, salvaguardándose su conservación a través de medidas de preservación. A las bibliotecas, a la que se les ha añadido el llamado patrimonio bibliográfico en su rotulación, han de sumarse hoy los nuevos patrimonios emergentes, entre los que destaca el denominado patrimonio digital.

Tradicionalmente, las bibliotecas han sido motor para la educación y para el acceso al conocimiento por parte de la colectividad, y ello explica que las leyes impongan la prestación de este servicio público en municipios con población superior a cinco mil habitantes (art. 26.1 b, originario de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local) y su salvaguarda por entidades supramunicipales para municipios más pequeños. En suma, los grupos normativos específicos, encabezados por las distintas leyes sobre bibliotecas que se han venido promulgando, toman el hábito de la lectura como un pilar básico para la formación, el desarrollo y la educación de los ciudadanos como individuos libres, garantizando la igualdad de oportunidades, y para que estos puedan ampliar sus conocimientos, mejorar sus capacidades personales y cívicas, acceder a una realidad cambiante y aprender a lo largo de toda su vida.

Al igual que veíamos en el caso anterior, también aquí son frecuentes grupos de disposiciones en los que se clarifican los principales conceptos operativos, como qué se entiende por biblioteca, su calificación en pública o privada, la colaboración entre ellas, el sistema bibliotecario (pues aquí impera igualmente la idea fundamental de sistema), las redes, el acceso a la información mediante dispositivos de lectura, etc.

Los libros y la prensa

Aunque el libro y la prensa, por razones históricas de identidad, aparecen unidos en un mismo sector cultural, en tanto que ámbitos de actividad, el primero aparece vinculado a la problemática de la edición, mientras que el segundo suele quedar agrupado con los llamados medios de comunicación social junto a la radio y a la televisión, con las que suele formar redes de medios y, en consecuencia, existen razones más que suficientes para que sea examinado siguiendo ese prisma. Integran un 24,9% del conjunto de las actividades culturales para 2019.

Cuando hablamos del sector del libro, en realidad estamos hablando de tres ámbitos diferenciados: el de la edición propiamente dicha (excluida la llamada edición artesanal); el de la distribución al por mayor y el comercio al detalle (librerías y otros centros de venta al por menor), además de la industria auxiliar de las artes gráficas, una parte de cuya actividad se dedica al mundo del libro.

Se da la particularidad de que en este sector conviven pequeñas editoriales y medianas empresas dedicadas a la edición con holdings y multinacionales que tienen en el libro su eje estructural, en lo que constituye un conglomerado de empresas altamente competitivas que han contribuido a que España sea una potencia económica en este ámbito. Se trata, además, de un mercado muy internacionalizado, en el cual las diferentes fases de producción y comercialización pueden ejecutarse en países diferentes en función de la minoración de costes.

Asimismo, la distribución a gran escala aparece dependiente de la exportación, especialmente hacia países latinoamericanos y europeos mientras que, por su parte, la venta al por menor suele presentar unas características muy diferentes en función de variables tales como la amplitud o especialización del catálogo de productos, los depósitos disponibles, el trato personalizado, la existencia de variedad en la oferta, etc. A la vista de cuanto decimos, cabe señalar que en tanto que industria cultural, la del libro sigue en España la tónica general europea, continente en el que se ha consolidado como el sector más relevante por delante de la música, el cine o las artes escénicas, colaborando al liderazgo mundial en materia de edición.

Por lo que respecta a la prensa, y como prolongación de lo que decíamos al inicio de este punto, cabe destacar que las empresas y entidades productoras, editoras o comercializadoras de medios de comunicación escritos están diversificando sus líneas de actividad, de tal manera que se rompen las compartimentaciones tradicionales conforme a las cuales dichas entidades se dedicaban exclusivamente al sector de la prensa. Así, cada vez más entran a participar en estructuras más amplias (lo que incluye la radio y la televisión), sea a través de asociaciones con otras existentes o mediante las creadas a tal efecto por las propias empresas periodísticas, en lo que constituyen verdaderas redes de medios en los que la prensa se erige en un elemento más.

A tales efectos conviene no olvidar el impacto que la prensa digital (bien sea de pago, gratuita o en la formulación intermedia de contenidos abiertos y otros sólo para abonados) viene teniendo en los últimos años como sustituta o complementadora de la prensa tradicional en papel, lo que ha permitido que un mercado de la prensa de ámbitos territoriales limitados y condicionados por los canales tradicionales de distribución se abra a una escala mundial y de producción mucho más extensa. Asimismo, tampoco cabe olvidar que recientemente ha surgido el fenómeno de la llamada prensa gratuita que, con la aceptación del público, ha alcanzado también una amplia cuota de mercado dentro de la prensa tradicional. Todo ello nos ofrece un panorama de cambio suscitado por la necesidad de adaptación de este medio de comunicación histórico a la era digital, en un proceso de transición imparable en el que la demanda de los nuevos públicos emergentes y las nuevas fórmulas comunicativas serán determinantes para el presente y futuro del sector.

Tanto en relación con el mundo editorial (si excluimos las publicaciones oficiales) como en el de la prensa (aquí de modo mucho más acusado, a pesar del relieve que tiene la publicidad institucional), la presencia activa del Estado es poco significativa, acorde, puede decirse, con la pujanza, el dominio y la consolidación que tiene la iniciativa privada en el sector y la falta de justificación de los poderes públicos para desarrollar estas actividades en un marco en el que las libertades públicas y los derechos fundamentales se encuentran salvaguardados por el Estado de Derecho. Ello no significa que carezcan de un marco jurídico público que los ordene, pero este, por lo que se refiere al mundo del libro, queda circunscrito a algunos ámbitos concretos (la protección de la propiedad intelectual, el régimen de los libros escolares, la promoción del libro y de la lectura, etc.) y, por lo que respecta a la prensa, debido a su relevancia para la conformación de la opinión democrática, se encuentra limitado al tratamiento de algunas cuestiones puntuales como, por ejemplo, el ya citado de la publicidad institucional.

La música y la industria fonográfica

Al hablar de las artes escénicas, descartamos incluir dentro de ellas la actividad musical en razón de que, aunque ésta podía ser resultado de celebración de actuaciones en directo, cabía la posibilidad de que se consumiera en forma grabada (discos, dvd, etc.) o enlatada en formato digital (podcast, streaming, suscripciones a plataformas digitales, etc.). Por ello, el sector tiene como rasgos identitarios el fonograma o unidad de grabación, sea o no digital, en disco o en cualquier otro soporte técnico, y la industria que se dedica a producir este tipo de soporte, así como los servicios que puede llevar aparejada la actividad musical como valor añadido. Según el enfoque que se utilice, puede incluirse en el audiovisual o tratarlo de modo independiente, a tenor de su importancia y necesidad de autonomía. Forma parte, dentro del conjunto de las actividades culturales para 2019, del 28,5% asignado al audiovisual y multimedia.

Es muy conocido que se trata de un sector en crisis, debido principalmente a los cambios en la audición de la música por parte de los nuevos públicos y al impacto que sobre él tiene la piratería en sus múltiples formas. Pero resulta justo destacar que, a pesar de ello, se mantiene como industria cultural de peso, mientras responde al reto digital con el desplazamiento de las ventas asociadas tradicionalmente al soporte disco a otros soportes en formato electrónico y gracias a un significativo aumento de la facturación por conciertos y actuaciones en directo.

Para el análisis del subsector de la fonografía suele distinguirse entre varios ámbitos de actividad: la producción de fonogramas, su distribución y el comercio al por menor de los mismos. Actualmente, existe una concentración de la actividad en muy pocas empresas, dándose también el fenómeno —minoritario— de los llamados sellos independientes.

En el sector de la música, los artistas y creadores actúan a veces como personal contratado y otras como trabajadores autónomos, lo que pone en primer plano la problemática de la fiscalidad y de los derechos de estos colectivos. Se trata de un sector poco juridificado en tanto que tal sector, y por ello se echan en falta disposiciones específicas adaptadas al mismo y que no entorpezcan su actividad. A título de ejemplo, y por señalar algunas de las demandas del sector: facultando la actividad de salas de música en directo; promulgando una legislación de patrocinio y mecenazgo que sea efectiva; la ordenación de los festivales y ferias con unos criterios rectores que eviten una oferta desordenada y repetitiva; la corrección de la práctica de un apoyo institucional desigual en función del tipo de actividad a desarrollar, etc.

Asimismo, no debemos olvidar la falta de solución efectiva al mayúsculo problema de la piratería en sus múltiples formas (descargas ilegales por internet, el denominado top manta, etc.), que castiga al subsector de la fonografía y lo daña profundamente en un país que ocupa, desgraciadamente, uno de los primeros puestos del ranking de países incumplidores del régimen de derechos de los artistas y de la propiedad intelectual (y, a veces, incluso industrial) de las fonográficas. No puede desconocerse que la gestión de los derechos vinculados y la propiedad intelectual y artística de los contenidos musicales constituye —junto con la venta de discos y la celebración de conciertos— el tercer eje económico de este sector, por lo que urge una solución al problema.

Evolución del VAB y del PIB

* Valores absolutos en millones de euros

Patrimonio, archivos y bibliotecas

Libros y prensa

Artes plásticas

Artes escénicas

Audiovisual y multimedia

Interdisciplinar

Otros sectores vinculados a la propiedad intelectual

Para la reflexión

Una cuestión abierta: La Ley española de Propiedad Intelectual y el mundo de la cultura.Un blog: Bloc de LLuis Bonet: lluisbonet.blogspot.com.es

  • Lecturas: mercado de trabajo y sectores culturales.

“La crisis sanitaria destruyó cerca de 85.000 empleos culturales”

Los datos del primer semestre de 2021 apuntan a una leve salida de la crisis económica, pero con una mayor precariedad de los trabajadores del sector.

Después de año y medio de pandemia, y con los primeros síntomas de recuperación económica, el balance de daños ya tiene una cifra: se han destruido cerca de 85.000 puestos de trabajo en las industrias culturales. Es un 12% menos del récord de los 726.600 empleados que se marcó en el primer trimestre de 2019, justo cuando la COVID-19 arrasó con el sector. Hasta el momento se desconocía la dimensión laboral del coronavirus. Gracias a los datos del segundo trimestre de 2021 de empleo cultural de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es posible comprender las consecuencias que el confinamiento y la limitación de los aforos ha tenido en el sector que antes cerró sus negocios y que más tardó en reabrirlos, por los protocolos sanitarios.

La pandemia empujó al precipicio el empleo cultural de inmediato. El fondo del calvario se tocó en el tercer trimestre de 2019, con poco más de 640.000 empleados. Nunca antes el empleo cultural perdió tantos puestos de trabajo en un periodo de tiempo tan corto. En un año se destruyó trabajo de manera más abrupta que cualquiera de los cuatro años de la pasada crisis financiera, que entre 2009 y 2012 se llevó por delante 120.700 empleos. La tendencia de aquella debacle laboral fue agravándose con el paso de los años. Los datos publicados ahora ofrecen una dinámica distinta porque el fondo de los peores registros ha tardado menos en llegar y ya hay rebote al alza. De hecho, en 2012 apenas se sumaron 569.200 puestos de trabajo y, si el fin de las limitaciones de los aforos se deja notar en los últimos tres meses, es probable que 2021 cierre cerca de los 695.000 empleos. 

De momento, la EPA dice que el empleo cultural en la primera mitad de 2021 se ha quedado en 686.500 puestos de trabajo. Este dato supone un incremento interanual del 3,3% respecto al mismo periodo de 2020. Pero es un descenso del 5,5% respecto al de 2019. Las nuevas cifras confirman una lenta tendencia de recuperación. Al comparar el crecimiento de la primera mitad de 2019 con el de 2021 se descubre el ritmo extraordinario de entonces y el pausado de ahora: hace dos años el empleo cultural crecía a una velocidad del 4,3% y este año lo hace a un 1,6%. Es una recuperación leve, pero por primera vez cambia la marcha de la crisis.

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI) explican a este periódico que «ha habido un socavón importante en el sector porque se han perdido muchos puestos de trabajo fijo que no se han restituido, por lo que se ha perdido estabilidad». A pesar de ello indican que el sector audiovisual es el que mejor está remontando la crisis económica. En el otro extremo están las artes en vivo (conciertos y teatro) y las salas de cine, «son empresas que están muy dañadas por los aforos», asegura ADEPI. Los datos de la primera mitad del año están condicionados por las limitaciones de los aforos, es previsible que la segunda mitad desvele un crecimiento mayor con el fin de estas medidas sanitarias. 

Entre las buenas noticias asoma un dato que no es tan halagüeño: crecen los trabajadores no asalariados (empleo por cuenta propia). Son cerca de 25.000 personas más que en 2019, un aumento del 10%. Es decir, la salida de la crisis apunta a una mayor precariedad del empleo cultural. De hecho, en estos momentos, la media nacional de no asalariados es del 16% y en cultura del 34%, más del doble. En el último año y medio, los empleados asalariados son un 15% menos que en marzo de 2019. De nada les sirve a los trabajadores culturales una formación académica muy superior a la media española (la educación superior llega al 71,9% y en el conjunto del empleo nacional es del 45,5%).

Otro síntoma de la precarización del sector tras la crisis sanitaria: a finales de 2019 el aumento de los contratos indefinidos fue espectacular (llegó a superar la barrera de los 380.000, algo nunca visto), pero de esa inercia no queda ni rastro. A lo largo de 2020 los contratos indefinidos se extinguieron en la cultura, que registró 340.000 empleos. A pesar de la leve remontada (360.000 contratos indefinidos en la actualidad), en estos momentos solo la mitad de los trabajadores culturales cuentan con uno de esos contratos. La media nacional de empleo con contrato indefinido es del 63,4% y en cultura es del 52%.

La precariedad se ha cebado con los trabajadores temporales, que han sido los más perjudicados en este año y medio: un 40% de estos empleados han desaparecido. Ya hemos visto que no se han podido convertir en asalariados ni indefinidos. Este es el dato que demuestra la extrema debilidad del sector de las industrias culturales y lo necesitado que está de una regulación que reduzca los daños de su intermitencia congénita. A pesar de estos malos registros, los trabajadores temporales seguirán un tiempo más en situación de vulnerabilidad porque son los únicos que mantienen los mismos datos que en el peor de los escenarios pandémicos.

El sector cultural sigue en manos de los hombres. El 59,5% del empleo es masculino y el 40,5% es femenino. Las medias nacionales, en las que el empleo femenino es del 46%, ponen en evidencia la desigualdad de las industrias culturales. Si se comparan los datos obtenidos en la primera mitad del año 2021 con los de la primera mitad de 2019, en el caso de ellos se observa un descenso interanual del 7,2%, de 442.000 pasaron a 410.200 trabajadores (en el peor momento de la crisis llegó a superar el 14% de caída). El empleo femenino se recortó en un 2,9% y de 284.600 mujeres con empleo se ha pasado a 276.300 (en el peor momento estuvo en un 7% menos). 

El grupo de edad más damnificado en este año y medio de crisis es el de 25 a 34 años. Un 15,7% de esta franja de edad ha perdido su empleo. Le sigue la situada entre los 35 a los 44 años, con un 12,4% menos de trabajadores. Y llama la atención el crecimiento del empleo de 55 años en adelante: un 21,4% más de empleados. 

Hasta el momento las administraciones no han hecho estimaciones de las pérdidas que han afectado al sector. El único dato económico del que se dispone es el facilitado por ADEPI al comienzo de la crisis sanitaria, cuando valoró las pérdidas en cerca de 3.000 millones de euros por cada mes que la actividad creativa y comercial se mantuviera paralizada. En 2019 la cultura aporto al PIB una suma cercana a los 40.000 millones de euros, un 3,2% del total nacional”.

Fuente: Diario el Día.es correspondiente al 11 de octubre de 2021 15:01h

  • Una cuestión abierta: La Ley española de Propiedad Intelectual y el mundo de la cultura.
  • Un blog: Bloc de LLuis Bonet: lluisbonet.blogspot.com.es
  • Un audio: conferencia de Luciano GARCÍA LORENZO, Teatro español último: una cultura subvencionada. Fecha 28 de enero de 1992 (62 minutos). Conferencia Fundación Juan March (a pesar de haber sido pronunciada hace ya varias décadas, mantiene su interés como exponente del grado de penetración del Estado español en los sectores culturales).

Documentos

Anuario de estadísticas culturales del Ministerio de Cultura www.mcu.es

ESSnet Culture. Approche statistique europeenne de la culture. Synthese des Travaux européen ESSnet-Culture, 2009-2011 (par Valerie Deroin).

ESSnet Culture. European statistical system network on culture. Final repport. September 2012.

Fundación Ideas. Informe sobre Las industrias culturales y creativas. Un sector clave de la nueva economía. Mayo 2012.

LIBRO BLANCO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE CATALUÑA. Síntesis y conclusiones. Barcelona, octubre 2002. Barcelona Treball. Industrias culturales: w27.bcn.cat

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). Informe sobre los contenidos digitales en España. Informe anual de 2011 coordinado por L. MUÑOZ LÓPEZ y redactado por el equipo del ONTSI.

Orden de 1 de junio de 2021 del Ministerio de Cultura y Deporte por el que se convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas correspondientes al año 2021 (BOE, 135, 7 de junio de 2021).

REY, G. Industrias culturales, creatividad y desarrollo. Madrid, AECID-MAEyC, 2009.

Bibliografía

ALVAREZ, Jesús T. Gestión del poder diluido: la construcción de la sociedad mediática(1989-2004). Madrid: Pearson educación, [2005]. 368 p. ISBN 84-205-4231-8.

ARANES USANDIZAGA, José I. Industrias y políticas culturales en España y el País
Vasco. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1995. 428 p. ISBN 84-7585-702-7.

Comunicación y Cultura en la era digital: industria, mercado y diversidad en España.
Enrique Bustamante (coord.). Barcelona: Gedisa, 2002. 382 p. ISBN 84-7432-985-X.

GUERRERO PANAL, Gerardo; NAVARRO YÁÑEZ, Clemente. «Industrias
culturales en ciudades españolas: un primer acercamiento» [en línea]. En: Revista de
Estudios Regionales, n. 94, 2012, p. 71-103. ISSN 0213-7585. Disponible en:
www.revistaestudiosregionales.com

Industrias culturales en España (grupos multimedia y transnacionales): prensa, radio,
TV… Enrique Bustamante; Ramón Zallo (coords.). Torrejón de Ardoz (Madrid): Akal,
1988. 327 p. ISBN 84-7600-339-0.

Industrias culturales y creativas en Navarra [en línea]. María C. Barcenilla Tirapu.
En: Revista Príncipe de Viana, n. 270, 2018. ISSN 2530-5824. Disponible en:
https://www.culturanavarra.es/uploads/files/01_barcenilla_PV270.pdf

Informe sobre la cultura española y su proyección global (ICE-2001) [en línea].
Enrique Bustamante (coord.). Madrid: Observatorio de Cultura y Comunicación;
Fundación Alternativas, 2011. 229 p. ISBN 978-84-9768-943-4. Disponible en:
www.falternativas.org

MOULIN, Raymonde. L´artiste, l´institution et le marché. Paris: Flammarion, 1992. 423
p. ISBN 2-08-010769-0.
THROSBY, David. Economía y Cultura. Madrid: Cambridge University Press, 2001.
223 p. ISBN 84-8323-219-7.
Treinta años de políticas culturales en España: participación cultural, gobernanza
territorial e industrias culturales. Joaquim Rius Ulldemolins; Juan A. Rubio Arostegui
(coords.). Valencia: Universidad, 2016. ISBN 978-84-270-9828-9.